Por: Marcos Torres
Cuba no tenía, hasta hace dos días, un marco legal unificado que permitiera proteger el espacio radioelectrónico nacional en su conjunto y en correspondencia con lo expresado por la Ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, se ha denunciado la injerencia por parte del gobierno de los Estado Unidos, así como la complaciente permisibilidad con la que determinadas plataformas en Internet violan las normas de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), de los países donde se encuentran ubicados e inclusive las propias, cuando de atacar al sistema social y gubernamental de Cuba se trata.
Para aquellos poco versados en materia de Estado y de Derecho, expongo en breve síntesis, algunos elementos que considero necesarios para entender el tema con claridad.
Todo país tiene derecho a defender su integridad en cualquier espacio lo cual se refrenda desde el Derecho Internacional Público. Entiéndase por esto la necesidad de fortalecer su seguridad nacional en interés de su soberanía y en correspondencia con los instrumentos internacionales firmados por los Estados.
Tal es así que países como España cuentan con más de 6 documentos normativos que se corresponden con las normas de Unión Europea en materia de ciberseguridad; Francia aprobó una ley en 2019 contra las publicaciones ilícitas y falsas; Alemania lo hizo en su momento (2017) para combatir discursos de odio e incitación a la violencia. Incluso el presidente de los Estados Unidos, Biden, emitió un memorando para fortalecer su ciberseguridad estatal en fecha tan reciente como el 28 de julio del presente año.
En materia de leyes todo Estado tiene el derecho de imponer las normas que considere necesarias para normar la actuación de sus ciudadanos, lo cual es así desde el derecho romano, pasando por el “contrato social” de Rosseau. Este último proponía la igualdad y la conciliación entre los hombres y el Estado, pero partiendo de la existencia de diversos límites que impone la ley.
Como el blanco de ataques cibernéticos y de desinformación, pocos países han vivido en los últimos días lo que experimenta mi Isla. Diariamente salen a la luz videos, informaciones, memes, documentos, etc., que cumplen con las características descritas en las normas internacionales como noticias falsas, que persiguen la intención de movilizar a la ciudadanía en pos de un levantamiento contra los poderes del Estado.
Ahora bien. En redes sociales y medios “independientes” y oficiales se hace alusión a la existencia de supuestos delitos tipificados en el Decreto-Ley 35, refiriéndose a este como “ley mordaza”. Nada más alejado de la verdad, si tenemos en cuenta que la norma en cuestión pertenece exclusivamente al Derecho Administrativo, no al Derecho Penal. O sea que las sanciones por el incumplimiento de la norma, pertenecen al campo de las contravenciones en sentido general y siempre y cuando no constituyan delito.
En particular considero que el debate se está centrando, abusivamente, en torno a los deberes de los usuarios (que es lo indica la lógica de los “oxiuros” y detractores del sistema, claramente), menospreciando la claridad con la cual se tratan otros temas relacionadas con la soberanía tecnológica como por ejemplo los objetivos que se persiguen, los principios que lo rigen, las normas relativas a los proveedores de servicios, sobre el capital humano, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la seguridad y defensa nacionales, etc., que en mi consideración son más “debatibles” e impactan más en la vida social, gubernativa y política de los cubanos.
Pero…¿quiénes se quejan? ¿a quiénes no les conviene la existencia de esta normativa?
Pues a los mismos que difunden desde Cuba noticias falsas y hacen constantes llamados al levantamiento.
Bueno… Se les está acabando el negocio.
Las Torres de Marcos 
Los que hoy intentan señalar la normativa cubana como «Ley Mordaza», guardan silencio cómplice con las severas normas impuestas en España, con el objetivo de tapar las reiteradas violaciones cometidas por fuerzas policiales de este país y evitar que la conducta represiva sea objeto de denuncia en procesos judiciales y en los medios.
Cuba no tiene nada que ver, ni con EEUU ni España, Francia, Inglaterra o Colombia. Las fuerzas policiales no usan la rudimentaria que sí forman parte de los cuerpos policiales de los países mencionados; pero tampoco en Cuba se disparan balas de gomas, carros con chorros de agua (en algunos países con tratamientos químicos), ni existe una aberrante conducta racista como en los cuerpos de policía de esos países. Ese «paralelismo» para el caso de Cuba es intencionadamente un burdo engaño.
Lo gracioso, es que quienes se desgarran las vestiduras por condenar a Cuba, quieren negarle el derecho a Cuba a defenderse, a frenar toda esa oleada de ataques y fakenews…muy posible, estos mismos personajes sean partícipes de esas campañas de manipulaciones y mentiras.
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De hecho lo son. Forman parte de la campaña y se benefician de ella
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